Un hashtag maldito entre tanta libertad de expresión. “#EchemosARajoy”. Sí, ese era el lema de campaña del PSOE de Pedro Sánchez. El mismo al que hace dos semanas invitaron amablemente a marcharse de la secretaría general del partido aprovechando los resultados electorales de Galicia y País Vasco. ¿Problema de interpretación de los resultados? Quizás. Claro está que hace cuatro años no existían alternativas de “izquierdas” con las que el voto se pudiera ver fragmentado.

Problema también de interpretación de los estatutos del Partido Socialista y la famosa gestora, como bien ha indicado Josep Borrell —una de las voces más sensatas del PSOE—. Un golpe de estado en un partido debilitado por el auge de Podemos que, además, ha tenido que ver cómo los líderes territoriales ponían en duda constantemente las palabras de su líder. Un buen trabajo de Susana Díaz, que en los últimos meses ha urdido una estrategia para desautorizar a Sánchez, aun cuando fue ella misma quien propició su elección como secretario general, adelantando a Madina.

No hemos de olvidar que fue la militancia —y no los barones del PSOE— los que eligieron a Pedro para gobernar un partido debilitado con demasiados retos de futuro ante el auge de alternativas políticas como Podemos o Ciudadanos. Y no ha sido la militancia quien le ha desautorizado, es lo curioso. Creo que lo llaman democracia interna. Condenados a las alianzas en virtud del resultado de las elecciones municipales y autonómicas, los senderos de Susana Díaz y Sánchez empezaron a distanciarse… hasta hoy. Hoy el titular es muy distinto del que pregonaban en la campaña electoral de diciembre y de junio.

Los miembros del comité federal permitirán un gobierno del PP por 139 votos a favor y 96 en contra

Y como bien dicen algunos, hay una gran diferencia entre regalar el gobierno a Rajoy o permitirle gobernar con condiciones —claro está que no se hubiera alcanzado un acuerdo con Podemos más los partidos nacionalistas—. Tras nueve meses de inmovilismo político, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. De la mano de los diputados del grupo socialista del Congreso de los Diputados está el abstenerse u oponerse a la investidura de Mariano Rajoy. ¿Libertad o disciplina de voto? Creo recordar que el artículo 67.2 de nuestro texto constitucional deja muy claro que los miembros de las Cortes no está ligados por mandato imperativo…

Así pues, cuando en las próximas semanas el Rey retome los contactos para proponer candidato a la presidencia, no queda más que esperar el afable voto de la bancada socialista para perpetuar 4 años más de un gobierno corrupto hasta sus cimientos. Un gobierno salpicado por la trama Gürtel y tantos otros casos de flagrante corrupción, un gobierno que da cobijo a Rita Barberà en el Senado.

Un Partido Popular que ha vaciado sistemáticamente la conocida como hucha de las pensiones —como ya advertía el Wall Street Journal en el año 2013— y ha empeñado un 90% de la misma para hacer frente al pago de la deuda del estado.

Un gobierno que alentó la salida a bolsa de Bankia, en uno de los mayores fraudes bancarios de nuestro país. Esta semana hemos sabido, a raíz de las declaraciones de José Antonio Casaus, jefe de la inspección de BFA-Bankia en la Audiencia Nacional, que se conocía de antemano la inviabilidad de la salida a bolsa de la entidad, contando con informes en contra del mismo Banco de España. Asimismo, se calcula que Bankia ha perdido aproximadamente el 85% de las demandas interpuestas por los inversores por la salida a bolsa, pues dicha operación se efectuó con cuentas falseadas. Por supuesto, ¿quién ha cargado con las consecuencias económicas de dicho desastre? Los ciudadanos, con sus impuestos.

El mismo Partido Popular que fomentó una inútil reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la misma que limitó los plazos de instrucción de las causas penales a 6 meses. Lo anterior no deja de ser un eufemismo cuya finalidad no es otra que maquillar la estadística judicial y evitar las interminables instrucciones de los casos de corrupción que, curiosamente, salpicaban en su mayoría al Partido Popular.

Hoy, el Partido Socialista Obrero Español se ha condenado, ha dictado la sentencia de muerte de lo que sus siglas representan. Ni socialista ni obrero, la democracia envuelta en la mortaja de la propia democracia. ¿Qué coste político tendrá lo que ha ocurrido hoy? No lo sé; pero el coste social me lo puedo llegar a imaginar.